¿TODO "NORMAL" CON CAMISEA, MISTER KUCZYNSKI? (8 de Marzo de 2006)
Javier Diez Canseco
Uno de los aspectos más preocupantes sobre el reciente siniestro en el ducto de Camisea –el quinto que sucede– es la actitud equívoca del Gobierno, con un Toledo y funcionarios que pretenden minimizar un problema de enorme gravedad, que amerita una profunda revisión del proyecto gasífero y la toma de decisiones radicales: la renegociación e incluso la eventual resolución del Contrato, si se comprueba que se ha actuado contra los intereses del Estado, desarrollando la explotación del gas en forma precaria, precipitada y descuidada, reflejando la mentalidad de un toledismo desesperado por sacar "Camisea como sea".

Este problema de un gobierno que no deja claro de qué lado juega, está encarnado en el comportamiento equívoco del Premier Kuczynski ante los repetidos incidentes en el poliducto Camisea y las responsabilidades de Transportadora de Gas del Perú (TGP), el Consorcio encargado de construir y operar dicho poliducto.

Sucede que la relación de Kuczynski con miembros del Consorcio es directa, de larga data, y no se limita a un par de saludos en alguna reunión. Muy por el contrario, él ha trabajado para estas empresas, desempeñando cargos de extrema confianza. Kuczynski ha reconocido que ha sido amigo del Presidente de Hunt Oil –integrante del Consorcio Camisea– durante 25 años, que fue asesor de dicha compañía, y que él fue quien trajo a Hunt Oil al Perú para participar en Camisea. Pero además, Kuczynski ha sido también Director de Tenaris, empresa del Grupo Techint –otro miembro del Consorcio–, habiendo renunciado a su cargo de Director recién en febrero del 2004, justamente cuando fue nombrado Ministro de Economía.

Así, tenemos a un Premier saltimbanqui, que va de un lado a otro de la mesa de negociaciones, pasando de representar a las compañías responsables por Camisea, a representar al Gobierno que debe exigir cuentas justamente a dichas compañías, dando pie a legítimas dudas. ¿Podemos creer que Kuczynski no tratará de lavarle la cara al Consorcio Camisea? ¿Podemos imaginarlo como fiscalizador diligente e exigiendo cuentas claras a sus colegas y asociados? ¿Podemos asumir que no le temblará la mano para sancionar a sus antiguos patrones?

Eso se conoce como "Conflicto de Intereses". En otras palabras: el gato de despensero. Mucho de ese conflicto de intereses ya se reflejó en las originales explicaciones de Kuczynski y su asesora de más peso sobre el siniestro en el poliducto: Primero, se alega un "sabotaje" cometido por no se sabe quién (quizás los marcianos). Luego se sale con la teoría de lo "normal": Es "normal" que el ducto tenga incidentes cada cierto tiempo. Es "normal" que en año y medio se den cinco casos de rotura y derrames. Es "normal" que este gasoducto que subsidiamos los peruanos con alrededor de US$ 180 millones de dólares –pagados con nuestras facturas de electricidad–parezca construido de cartón. Es "normal" que el Consorcio TGP se rehúse a pagar los casi S/. 10 millones de multas por los derrames anteriores. Todo es "normal" para nuestro Premier.

Pero hay cosas que no cuadran con la teoría de lo "normal" de Kuczynski: No es "normal" un gobierno que en vez de cautelar los intereses nacionales se desvela tratando de minimizar lo sucedido. No es "normal" un Premier que en lugar de fiscalizar, se dedica a inventar excusas para el Consorcio Camisea, mientras simultáneamente sabotea a una valiosa empresa estatal como PETROPERÚ. No es "normal" que altos funcionarios públicos, en vez de servir al Estado, se dediquen a ser los abogados, propagandistas y mandaderos –todo en uno– del Consorcio.

Algo está claro: Camisea debe desarrollarse, pero tiene que desarrollarse bien, con seriedad y eficiencia. El gas es demasiado importante y valioso para el Perú, como para consentir que se maneje con mentalidad de "estamos entre amigos y aquí no pasó nada". El país exige y merece que Camisea –que tanto nos ha costado a todos los peruanos– se administre con transparencia, responsabilidad y profesionalismo, y que por sobre todo, los intereses nacionales estén por encima de las componendas privadas. Por ello, precisamente, personajes como Kuczynski y compañía están descalificados para representar y defender al Estado, visto su evidente conflicto de intereses.

¿Qué hacer ante lo sucedido? Se impone una auditoría integral del gasoducto, que tiene que realizarla un organismo internacional independiente, que nos garantice imparcialidad, porque, lamentablemente, con el Gobierno copado por los lobbistas del Consorcio Camisea, no hay garantía de que desde el Estado se pueda hacer una real fiscalización. Y por supuesto, el costo de esta auditoría lo debería pagar el Consorcio TGP y no el Perú. Además, el Sr. Kuczynski, el Ministro de Energía y Minas y el Presidente de OSINERG deberán rendir cuentas al Congreso y al país por sus acciones en relación con el Proyecto Camisea.

Pero, más importante: lo sucedido evidencia la necesidad de que el Estado tenga un rol más directo y protagónico en el sector de Hidrocarburos, demasiado importante y delicado para dejarlo al libre albedrío de empresas como el Consorcio TGP. Las reiteradas faltas y omisiones cometidas en el ducto de Camisea dan pie para revisar y, de ser necesario, resolver los contratos, imponiendo un nuevo esquema de explotación, con contratistas privados solventes y capaces, donde los intereses nacionales realmente estén asegurados, donde el Estado no se limite a ser el correveidile de las transnacionales y donde el gas de Camisea –que es de los peruanos– realmente se explote por y para los peruanos.

CAMISEA: EL PODER ECONOMICO Y EL PODER POLITICO (7 de Marzo de 2006)
Humberto Campodónico
Lo que está pasando con Camisea, en sus diferentes componentes, debiera llevarnos a sacar lecciones sobre lo que sucede cuando representantes del poder económico de los grupos empresariales llegan a los más altos cargos del poder político.

Pedro Pablo Kuczynski, que hoy se ve forzado a aceptar una auditoría internacional para el ducto de líquidos de Camisea, hasta ayer sugería que "no podía descartarse que la rotura fuera producto de un sabotaje". Trataba, así, de desviar la atención sobre las responsabilidades de Techint, que lidera el consorcio constructor del ducto (ver cuadro).

Durante el 2003 y el 2004, PPK fue director de Tenaris, empresa argentina-italiana, poseedora del 100% de las acciones de Tecpetrol y Tecgas, como consta en su Hoja de Vida publicada por FONAFE (www.fonafe.gob.pe). PPK renunció a Tenaris cuando reasumió la cartera del MEF en febrero del 2004. También PPK fue asesor de Hunt Oil en el 2003 y 2004, lo que no aparece en la Hoja de FONAFE. Además, ha sido miembro del Directorio de Southern, en el 2003 y 2004. Antes, de 1996 a 1999, fue presidente del Directorio de Edelnor.

Salta a la vista que existe un notable conflicto de intereses entre las relaciones empresariales y los cargos de ministro de Economía y Finanzas (de julio del 2001 a julio del 2002 y de febrero del 2004 a agosto del 2005) y, luego, presidente del Consejo de Ministros (desde agosto del 2005 hasta la fecha).

Por eso, es legítimo preguntarse acerca de la actitud de PPK en el conflicto Edelnor/Sunat, por una acotación en el 2001 (recordemos que se opuso, irrumpiendo en el Congreso, con otros ministros). También nos preguntamos por qué se promulgó el DS 046-2002-EM, que nos aumentó las tarifas eléctricas para que cofinanciemos la construcción del ducto de Camisea a Lima (cuando ese pago recién estaba previsto que comience en el II semestre del 2004), por US$ 100 millones anuales.

En el 2005, el recientemente fallecido congresista del Apra, Dr. Luis Heysen, acusó a PPK de crear la figura del ‘Defensor del Contribuyente’ desde el MEF, para impedir que la Sunat litigue en el Poder Judicial una acotación contra Barrick (Pierina) por impuestos no pagados por US$ 140 millones, debido al ilegal uso del DS 120 94 EF.

Podríamos seguir, por ejemplo, con la acusación que le hiciera Manuel Dammert, sobre sus vínculos con el Latin America Enterprise Fund y los intereses chilenos en el puerto del Callao, así como en el "anillo energético". O con el congresista Javier Diez Canseco que acusó a PPK de incompatibilidad en la asunción de responsabilidades ministeriales, debido a la nacionalidad norteamericana de PPK.

No existen compartimientos estancos entre la economía y la política. El poder económico siempre querrá influenciar (y, si es posible, tomar) al poder político para beneficio propio. Eso es "normal" para los mercantilistas que se disfrazan de liberales. Es lo que no puede permitirse y debe terminar.

CAMISEA: SE ROMPEN LOS DUCTOS Y NO SE PAGAN LAS MULTAS (6 de Marzo de 2006)
Humberto Campodónico
Las 5 roturas del ducto Camisea sobrepasan todo límite permisible. La de anteayer causó un incendio, provocando quemaduras a 3 personas. PPK ha salido, de inmediato, a afirmar que “no descarta que se haya producido un sabotaje”, en clara actitud de defensa de la empresa. Pero la realidad parece ser otra: la rotura se ha producido en La Convención (Kepashiato), en la región Cusco, muy lejos del valle del río Ene y del río Apurímac (VRAE), donde operan los remanentes de Sendero Luminoso.

Lo que sucede es que existen numerosas fallas y faltas cometidas por Transportadora de Gas del Perú (TGP), consorcio constructor del ducto, liderado por la argentina Techint, lo que está ampliamente documentado en numerosos informes de Osinerg. Así, por ejemplo, dice Osinerg que la fuga de líquidos de la segunda rotura se produjo “por una fisura producida posiblemente por un poro de la soldadura de construcción, lo que es materia de investigación por OSINERG” (www.osinerg.gob.pe, 06/09/2005).

En el ‘Resumen Ejecutivo de la Supervisión y Fiscalización de Camisea’, una de las Observaciones Relevantes de Osinerg es que “existen zonas con erosión, formación de cárcavas e inestabilidad de taludes principalmente en las zonas de Pongo, Ponguito, Vilcabamba, Itariato, Kepashiato, Comerciato, Pacobamba, Acocro, Vinchos”. Ha sido en Kepashiato donde se ha producido la fuga y posterior explosión hace dos días.

Osinerg no se ha quedado con las manos cruzadas. Hasta la fecha, las multas por las sucesivas roturas del ducto de los líquidos de Camisea (el otro ducto, el que transporta el gas natural, no ha tenido roturas) suman S/. 3,1 millones, a lo que debe sumarse S/. 6,2 millones sancionados en la etapa de construcción de los ductos.

Sin embargo, TGP no ha pagado al Estado ni un centavo, porque ha apelado las multas de Osinerg en el Poder Judicial. Y ahí están, “avanzando lentamente”. Esta falla en la normatividad vigente debe ser corregida a la brevedad. La empresa debe, primero, pagar la multa que le impone Osinerg. Si desea acudir al Poder Judicial, puede hacerlo. Y, si gana, se le devuelve el dinero con los intereses correspondientes. Pero la empresa tiene que saber que, si incumple nuestras leyes, tiene que pagar. Si no, ¿de qué fiscalización o supervisión estamos hablando?

La solución a los problemas de Camisea tiene que ser integral, lo que significa que debe realizarse una auditoría de todo el ducto, a cargo de firmas técnicas especializadas, la misma que debe ser financiada por TGP. No es posible que se esté causando tanto daño en zonas de alta biodiversidad, afectando, por ejemplo, la reserva comunal machiguenga y contaminando ríos, como el Bajo Urubamba.

Ahora vemos que las preocupaciones de las ONG ecologistas estaban plenamente justificadas. Sin embargo, se les trataba de “exagerados” o de “grupos de loquitos que se oponen a Camisea porque se oponen a la inversión privada”. Los ecologistas pueden decir: “A las pruebas me remito”.

Regresando a la auditoría, esta debe comenzar ya y no debiera descartarse plantear la suspensión del bombeo de líquidos, hasta que se arreglen las fallas. Esto no supone ningún problema técnico, pues se puede perfectamente continuar con la producción de gas natural. Si no se arreglan las fallas y continúan las roturas, los usuarios y consumidores percibirán que no existe “seguridad de suministro”, lo que perjudicaría el cambio en la matriz energética del país.

Esta es otra muestra de cómo la privatización del Estado por los neoliberales perjudica a los consumidores y usuarios, así como a la competitividad del país. Queda claro que se han priorizado los intereses de las empresas (que “ahorran alguito” incumpliendo las normas), mientras que los órganos reguladores no pueden cumplir adecuadamente con su tarea porque a la legislación “le falta dientes”. Así, TGP se ríe en la cara de todos los peruanos al no pagar las multas. Lo que no debe durar un día más.