¿DE QUE 650,000 EMPLEOS ESTAMOS HABLANDO? (19 de Marzo de 2006)
La candidata de Unidad Nacional prometió en Villa El Salvador el 8 de marzo que en su gobierno se crearían, cada año, 650,000 empleos formales y estables. Esta, y otras 9 promesas, fueron firmadas y entregadas solemnemente al JNE. Esta promesa no forma parte del Plan de Gobierno de UN presentado en enero de este año, como se puede constatar en el portal internet del JNE, pues ha sido elaborada recientemente.

La propuesta de Lourdes Flores tiene el mérito de poner en el centro del debate el tema crucial del país: se necesitan más y mejores empleos. Una y otra vez eso es lo que reclama mayoritariamente la población.

La falta de empleos se constata claramente con la información oficial (ver cuadro elaborado por la Universidad del Pacífico, ‘Desempeño macroeconómico para el período 2001- 2004’, julio 2005): solo el 29,6% de los peruanos está empleado adecuadamente, mientras el 60% está en subempleo invisible (trabaja, pero no gana S/. 640 por mes, que es la mitad de la canasta básica familiar que establece el INEI) y un 10% tiene subempleo visible (no trabaja 8 horas). El desempleo abierto, es decir, las personas que no tienen trabajo alguno, alcanza a 619,000 (no se muestra en el cuadro).

La promesa de Lourdes no habla de empleos totales (que incluyen el subempleo), sino de personas adecuadamente empleadas. Veamos qué significa esto. Del IV Trimestre del 2001 al IV Trimestre del 2004 (tres años), el empleo total aumentó en 1’721,000 personas, lo que nos da 575,000 empleos al año. Pero el empleo formal y estable solo aumentó para 571,000 personas, es decir, 190,000 empleos al año.

Lo que Lourdes ha prometido es que los empleos formales van a pasar de 190,000 a 650,000 al año, lo que equivale a un aumento del 250%. Y estos se materializarán el año 1 de su gobierno. Del 2do al 5to año también habrá 650,000 empleos formales cada año.

Salta a la vista que esta promesa no se puede cumplir, pues significaría que pasemos de una inversión actual del 18,5% del PBI (US$ 14,000 millones anuales) a 25% del PBI (US$ 19,500 millones anuales). Esta es una meta a alcanzar que todos compartimos. Pero constituye un engaño prometer que eso se va a lograr en el año 1.

Quizá por eso algunos miembros del Plan de Gobierno de UN ahora hablan de otras cifras. Por ejemplo: “Crear 650,000 puestos de trabajo es la meta a la que se tiene que apuntar” (Patricia Teullet, Gestión, 13/03/06). O también: “Jorge Vega reconoció que parte del incremento de los 650,000 empleos que propone UN es a través de convertir empleo inadecuado o de baja calidad (subempleo) en empleo mejor remunerado. Es decir, no se trataría de generar nuevos puestos de trabajo totalmente” (Gestión, 14/03).

Dicho esto, hay muchos temas que se quedan en el tintero, de los cuales solo mencionaremos dos. Primero, que el incremento del empleo pasa, sobre todo, a través de la microempresa de 1 a 10 trabajadores, donde está el 76% de las personas ocupadas del país. Aquí lo que se necesita es elevar la productividad, a través de cadenas productivas, capacitación y aumento del crédito, fundamentalmente.

Segundo, sin una reforma tributaria que elimine las exoneraciones a los grandes grupos económicos, que recupere para el país la renta de los recursos naturales (minería, gas, petróleo) y que elimine la evasión y elusión tributaria, no es posible aumentar los ingresos del Estado para inversión en infraestructura, generadora de empleo por excelencia y de aumento de la competitividad.

Estas políticas no son la prioridad de Unidad Nacional, que centra su atención en el mercado externo, no en las micro-empresas y, claro, no toca ni con el pétalo de una rosa a los grupos de poder económico que tiene en su seno. Por eso, la promesa de Lourdes de 650,000 empleos estables anuales por 5 años quedará como eso, una promesa, tal vez motivada por sus preocupaciones electorales de los últimos días.

LOURDES Y LOS 650,000 EMPLEOS: MISION IMPOSIBLE (12 de Marzo de 2006)
Aparte de la quinta rotura del ducto de líquidos de Camisea, la noticia de la semana ha sido la promesa de Lourdes Flores de que “durante su gobierno se crearán 650,000 puestos de trabajo estables cada año”. Si bien los técnicos de su plan de gobierno han tratado de explicar que esto es posible, la promesa de Lourdes quedará en eso: una promesa. Veamos.

En el Perú la relación empleo/producto, es decir, cuánto crece el empleo por cada punto de crecimiento del PBI es de 0.5. Esto quiere decir que si el PBI crece 5% al año, el empleo crece la mitad, vale decir, 2.5%. La relación empleo/producto en el Perú es baja, pues en otros países la relación es mayor, llegando en algunos casos a una relación 1 a 1, es decir, que el empleo crece al mismo ritmo que el PBI.

Si trasladamos esta cifra a número de trabajadores, tenemos que en el Perú la Población Económicamente Activa (PEA) es de 13 millones. Con una relación empleo/producto de 0.5 lo que tenemos es que un crecimiento del PBI del 1% proporcionará empleos a 65,000 peruanos (la PEA de 13 millones de personas multiplicada por 0,005). Por tanto, para cumplir la meta de 650,000 nuevos empleos anuales que propone Lourdes, tendríamos que crecer a una tasa anual del 10% del PBI.

La sola mención de la cifra del 10% anual del PBI que implica la promesa nos dice que seguramente la candidata de UN está preocupada. Por algo será.

Pero volvamos a la baja relación empleo/producto. Esta se explica por el hecho de que las inversiones de los últimos años se han concentrado en sectores que no son grandes generadores de empleo, como lo demuestran las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Así, cada US$ 100,000 invertidos en minería generan 1.2 puestos de trabajo, mientras cada US$ 100,000 invertidos en agricultura generan 15 puestos de trabajo. Dicho de otra manera, US$ 1,000 millones invertidos en un proyecto minero crean 12,000 empleos, pero invertidos en agricultura generan 150,000 empleos. La diferencia es grande, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con la inversión en infraestructura pública (por ejemplo, construcción, que hoy está reducida al mínimo por este gobierno). Precisamente, eso es lo que explica (en buena medida), que actualmente tengamos importantes cifras de crecimiento pero que casi no tienen impacto en el empleo.

Esto se puede corregir dejando de lado las políticas del Consenso de Washington –han fracasado– que dicen que el mercado es el óptimo asignador de recursos para diseñar políticas sectoriales activas (desde el gobierno) que incentiven la inversión en los sectores generadores de empleo. Es lo que se hizo en el sudeste asiático y, poco a poco, viene convenciendo al Banco Mundial y al BID que ya comienzan a hablar de desarrollo productivo, dejando de lado la tristemente célebre “tesis” del chorreo.

Pero todo eso le sabe a chicharrón de sebo a los miembros del plan de gobierno de Unidad Nacional, que siguen apostando al dogma del libre mercado, convertido por ellos en Dios Mercado. Sin embargo, Lourdes dijo anteayer en Trujillo que “cambiará el modelo económico y que no cree en el chorreo”. O sea, que sigue preocupada.

TRABAJADORES DE SEGUNDA: LAS NEGATIVAS CONSECUENCIAS DE LA REFORMA DE LOS 90 (20 de Febrero de 2006)
El empleo no mejora para todos. Una de las razones es la demanda por empleos de mayor calificación que alienta la apertura de la economía y la globalización. Este hecho -si bien, ciertamente, escapa del control de la administración local- puede paliarse con políticas de reentrenamiento y de capacitación laboral.

Conviene recordar que, grosso modo, el trabajo calificado no excede el 30% de la PEA, que posee estudios superiores a la educación básica. Mientras no se incorporen políticas laborales activas, que merezcan tal calificativo, la brecha salarial entre los más calificados y los menos seguirá creciendo y, como corolario, es previsible que empeore la distribución de los ingresos laborales.

Esta brecha ha crecido. De haber sido 1,5 veces a mediados de los 80 ha pasado a más de 2 veces durante los primeros años de este siglo. No es casualidad que su exacerbación coincida con el ciclo expansivo de la economía, que ha sido liderado por el sector moderno que es, precisamente, el que cuenta con mayor dotación de PEA calificada. El aumento de la brecha salarial en beneficio de dicha PEA es un anticipo de lo que acontecerá con la incorporación de nuestra economía a más acuerdos de libre comercio, si el país no hace nada por elevar la productividad y la calificación de sus recursos humanos.

Otra de las razones, sin embargo, tiene su origen en medidas dadas por el gobierno: la reforma laboral de los 90. Según sus ideólogos, había un exceso, tanto de regulación estatal como de organización sindical, lo que restaba competitividad al funcionamiento del mercado de trabajo y determinaba que no disminuyeran ni el desempleo ni el subempleo. La “salida” fue “flexibilizar” la legislación laboral y sindical, con lo que este último se redujo a cifras de un dígito.

Sin embargo, la supuesta solución no fue tal. Quince años más tarde, la población sigue opinando que la falta de empleo, de mejores ingresos y la pobreza son los problemas principales del país.

No solo eso. La reforma de los 90 es la causante de la desconexión entre el crecimiento de la economía y la mejora en los ingresos de los trabajadores. Por ello, si bien aumenta el empleo, más crece el subempleo por ingresos. Aproximadamente de cada 10 empleos generados en este gobierno, sólo 3 se consideran empleos adecuados. Esto nos ayuda a comprender cómo un crecimiento económico de más de 20 puntos del PBI del 2001 al 2005, apenas baja la pobreza en 3 puntos.

Una explicación de la casi nula mejora en los ingresos de los trabajadores se relaciona directamente con la debilidad en la organización sindical debido a la profusión de contratos temporales. Hoy solo 1 de cada 4 trabajadores cuenta con un contrato de trabajo indefinido cuando en 1990 dicha proporción era 2 de cada 3. Así, apenas 9% de la PEA sindicalizable cuenta con un sindicato, cuando hace 25 años la mitad de la PEA contaba con uno. Lo que esto quiere decir es que la reforma laboral de los 90 ha engrosado las filas del trabajo precario e inestable.

Si hay menos sindicatos, hay menos negociación colectiva y, con ello, menos capacidad propia de compartir el mayor excedente económico que se genera durante el ciclo expansivo de la economía. Menos sindicatos significa más trabajadores de segunda. Eso explica todo el revuelo alrededor de la remuneración mínima. Ella se ha convertido –debido a todo lo perdido en los 90- en la negociación colectiva del sector asalariado formal.