GAS NATURAL: ¿'CIRCULO VIRTUOSO A LA BOLIVIANA'? (24 de Febrero de 2006)
En los últimos años, en Bolivia se discutió intensamente acerca de las enormes reservas de gas natural. Uno de los temas fue: ¿Quién y cuándo descubrió las enormes reservas de gas de Tarija? ¿Lo hizo la estatal YPFB en los 90, antes que Sánchez de Losada le quite toda facultad operativa con la Ley 1689 de 1996? ¿O fueron descubiertas por la exploración de las empresas privadas, que "migraron" a los nuevos contratos de la Ley 1689, que les redujeron las regalías de 50% a 18%?

Las preguntas tienen relevancia para el caso peruano, en particular para la exportación de gas del Lote 56, como veremos más adelante.

El debate se zanjó en el 2004, cuando la Delegación Presidencial para la Revisión y Mejora de la Capitalización, nombrada por el presidente Carlos Mesa, concluyó por unanimidad que "de haberse adoptado una definición más técnica que fiscal, el reservorio de Campo San Alberto, descubierto fuera de toda duda por YPFB el año 1990, debería haber sido declarado como ‘existente’ en lugar de ‘nuevo’".

Después de 1996, el consorcio que exploró San Alberto (uno de los campos más importantes), formado por Petrobras, Repsol y Total, confirmó la existencia de estas reservas. Dice Enrique Mariaca, expresidente de YPFB, que la situación es parecida en otros campos importantes de gas en Tarija, San Antonio, Itaú y Margarita. Lo mismo dicen el actual ministro de Hidrocarburos, Andrés Solís Rada, y otros expertos.

Esto permite afirmar con claridad, de un lado, que las regalías deberían ser 50% y no 18%, ya que esas reservas no eran ‘nuevas’ sino ‘existentes’. De otro, desmienten a quienes decían que fue la construcción del gasoducto Santa Cruz – Sao Paulo (comenzó en 1997) el que llevó a que se encuentren nuevas reservas "porque ese incentivo motivó nuevas inversiones en exploración, debido a que había una demanda que satisfacer".

Hoy, el gobierno de Evo Morales está diseñando una nueva política hidrocarburífera, con modificaciones a la ley de Carlos Mesa, las que aún no se conocen.

Para el Perú, esto también es clave, pues no avala los argumentos de Peru LNG y del gobierno, quienes afirman que la exportación de gas del Lote 56 generará el "círculo virtuoso a la boliviana" (esto dijo el Ministro Glodomiro Sánchez en su presentación al Congreso hace dos semanas). Ya sabemos que eso no fue verdad en Bolivia.

El problema es que ahora se podrá exportar gas del Lote 88 (que consumimos hoy y que debía satisfacer únicamente el consumo interno) como respaldo de las exportaciones del Lote 56, pues las reservas de este no son suficientes. Para ello, se han modificado leyes y reglamentos y se ha renegociado el Contrato de Estabilidad Tributaria del Lote 88 para que se pueda exportar su gas. Por tanto, ahora estamos frente al peligro de que nuestro mercado interno se vea desabastecido en el futuro, si no se encuentran nuevas reservas de gas natural.

El gobierno y el consorcio dicen que no hay que preocuparse porque, de hecho, hay más gas en la zona. Puede que sí, pero también puede que no, lo cual es el ABC del mundo de los hidrocarburos. Ahora bien, si ellos están tan seguros que hay más gas, ¿por qué no toman un contrato "a futuro" (a largo plazo) con algún proveedor en el mercado internacional que les garantice el faltante, si es que esto se diera? ¿Por qué el Perú tiene que arriesgar el futuro de su consumo de gas y de cambio de la matriz energética?

La respuesta es simple: porque este gobierno representa y defiende los intereses privados. No los de la Nación y su población, como es el caso hoy en Bolivia, donde después de años de lucha, el país va a recuperar sus recursos naturales y su renta petrolera. Y, también, su dignidad.

PETROPERU: NO SE PUEDE COMPETIR CON LAS MANOS AMARRADAS A LA ESPALDA (11 de Febrero de 2006)
Es un signo de los tiempos que la Comisión Permanente haya votado por unanimidad la Ley para fortalecer y modernizar Petroperú, que hasta hace poco había estado en el “corredor de la muerte”. La nueva Ley -que los “lobbies” privatizadores y el propio MEF postergaron por años con múltiples maniobras dilatorias -establece que Petroperú ya no será controlada por el Fonafe, el SNIP y el Consucode.

Así, Petroperú se libera de las trabas que le impedían comportarse como cualquier petrolera y que, por tanto, dificultaban su gestión, retrasaban las inversiones y la hacían aparecer como ineficiente, objetivo buscado por los “lobbies” para privatizarla. ¿Cuál era el delito? Ser empresa pública, lo que la Constitución fujimorista de 1993 (Artículo 60) prohibió, estableciendo que la empresa estatal solo puede ejercer actividades que no puedan hacer los privados (la llamada subsidiariedad).

Si eso se aplicara en otros países, no existiría la estatal chilena de petróleo ENAP (que tiene grifos aquí con el Grupo Romero), ni Petrobrás (que tiene campos petroleros en Talara), ni ISA de Colombia (que opera las torres eléctricas peruanas desde el 2002), ni la argelina Sonatrach (socia en Camisea), ni las chinas Shougang (dueña de Marcona) y Sapet (Talara y Lote 8). Ni tampoco Petróleos de Venezuela, ECOPETROL y PEMEX.

Por donde se le mire, el Art. 60 es un absurdo que debe ser derogado y la Ley recién aprobada es un paso hacia ese objetivo. Esto no tiene nada de “populista”. Simplemente nos aleja del dogma neoliberal y de los intereses de empresas que no quieren competir con una estatal fuerte. Si Petroperú no regulara en algo los precios que pagamos los consumidores, estos estarían más altos aún de lo que están ahora, pues los fijaría el “libre mercado”, maximizando ingresos y utilidades de las empresas privadas.

Los proprivatizadores del MEF y la PCM dicen que prueba de la ineficiencia de Petroperú es que solo ha realizado el 29% de las inversiones programadas. Pero lo que no dicen es lo que el propio FONAFE explica: “Los gastos de capital fueron inferiores a la meta aprobada, lo que se explica por la vigencia de largos procesos de concurso para la adjudicación de contratos, y la demora en la aprobación de los proyectos de inversión por el SNIP” (www.fonafe.gob.pe).

En efecto, el Proyecto de Modernización de Talara no se pudo iniciar porque el DS-025-EM (6/7/2005) dispuso cambios en el nivel mínimo de azufre (50 partes por millón al 2010), lo que hizo inviable el proyecto. Tampoco se pudo invertir S/. 91 millones en la compra de 2 buques, por no contar con los estudios aprobados por el SNIP. Esto explica el 62% de las inversiones no realizadas por Petroperú. Recordemos que en 1992 se vendieron los 4 buques de Transoceánica de Petroperú, lo que generó pérdidas por US$ 59 millones (ver “Privatización de Petroperú generó pérdidas por US$ 1,112 millones”, www.cristaldemira.com, 19/1/2006).

Para que la nueva ley potencie de verdad a Petroperú, esta debe tener una efectiva autonomía económica, administrativa y técnica y, también, que se evite que los gobiernos de turno la capturen como “caja chica” o fuente de “empleos”. Esto no se garantizaba con la anterior ley ni, tampoco con la nueva, pues el Presidente y los Directores siguen dependiendo de la voluntad del Ejecutivo, a diferencia de la efectiva autonomía del Directorio del BCR, cuya mayoría de miembros es designada por el Congreso. Volveremos sobre el tema.

Dicho esto, lo que ahora se viene es saber si el presidente Toledo observará la ley, que es lo que quieren los “lobbies”. Y, también, llevar a cabo una efectiva vigilancia, por parte de los organismos estatales y de la ciudadanía, para fiscalizar las actividades de Petroperú (como sucede en Brasil, Colombia y Chile), sin amarrarle las manos a la espalda, como hasta ahora.

La nueva Ley nos pone al día con los vientos que recorren América Latina y da la satisfacción a los 140,000 ciudadanos que firmaron para que Petroperú siga siendo la primera empresa del Perú –tuvo ingresos por S/. 7,600 millones y utilidades operativas de S/.660 millones en el 2005-, sacándola definitivamente del “corredor de la muerte”.

SI GAS PARA CHILE... (4 de Febrero de 2006)
El consorcio Perú LNG siempre dijo que el gas de Camisea II, proveniente de Pagoreni (Lote 56, adyacente al Lote 88 de Camisea I) iría a México y, en menor medida, a EEUU. Este planteamiento cobró mayor fuerza cuando, hace unos meses, la española Repsol entró a Perú LNG comprando el 20% de las acciones, pues Repsol iba a construir una planta regasificadora en el puerto mexicano de Lázaro Cárdenas.

Originalmente, Repsol pensaba exportar el gas de Bolivia a México, pero este proyecto quedó en el aire después que las movilizaciones del 2003 (que echaron al “Goni”) impulsaran una nueva Ley de Hidrocarburos, que se está recién implementando y “no gusta” a las empresas. Por eso, miraron a Camisea II y entraron a Perú LNG.

Pero parece que el proyecto Lázaro Cárdenas (la inversión no ha comenzado) se quedaría en eso, en proyecto, porque en enero el Presidente Fox anunció la construcción de una planta de LNG en otro puerto de la costa del Pacífico, Manzanillo, con la participación de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La inversión será US$ 600 millones y se procesarán 500 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), cantidad parecida a la que se planteaba exportar desde Pampa Melchorita en Cañete.

Según expertos, como los precios del gas en el mercado mexicano están “referenciados” a los precios de EEUU (Henry Hub), la iniciativa de Fox pretende “independizar” a México del carísimo mercado gringo: “La idea es concretar acuerdos que permitan la exploración y producción en un país con reservas de gas, desarrollarlas, producir el energético, licuarlo, transportarlo vía marítima a territorio nacional, y regasificarlo para su posterior distribución y comercialización” (El Universal, México, 14/01/2006). Eso abarata el precio del gas que se puede traer de Bolivia y Perú, entre otros países.

Esto significa que se complica Lázaro Cárdenas porque Manzanillo apunta a gas más barato. Lo que nos dice que todos los países están buscando independizarse de los hidrocarburos caros. Hasta Bush lo acaba de decir el martes en su mensaje a la Nación.

Quizá los problemas para exportar a México hayan motivado que Antonio Brufau, Presidente de Repsol, dijera hace poco en Lima que Camisea II “podría ir a Chile, donde ya existe un proyecto para construir una planta regasificadora de LNG, lo que sería un punto más eficiente para exportación por ser más cercano” (El Comercio, 13/01/06).

En efecto, la estatal chilena ENAP ha puesto en marcha la licitación para una planta de regasificación en Quintero (costa central), debido a los problemas causados por la restricción de ventas desde Argentina. La planta costaría US$ 400 millones y tendría una capacidad inicial de 350 mmpcd, llegando a 525 mmpcd en el mediano plazo.

¿Quiénes la abastecerán? Dice La Tercera de Santiago que “el proceso se ha manejado con absoluta reserva, pero ha trascendido que British Gas, Suez Energy y Repsol están entre las multinacionales interesadas en vender LNG a Chile” (02/02/2006).

En este caso, como en México, la variable precio es central. El precio del gas argentino para Chile es US$ 3,5 por millón de BTU. Pero si se trae gas de otros lugares, éste podría cotizarse al precio de EEUU, que ahora es de US$ 9 a 10 por millón de BTU, lo que sería muy caro para el mercado chileno. Por eso, recomiendan que el gas importado tenga contratos de largo plazo con precios bajos.

En México, el gobierno interviene a través de PEMEX y la CFE. En Chile, la estatal ENAP se encarga de la licitación. ¿Y en Perú? Pues aquí esos son “negocios” de privados -miren como están los precios en nuestro mercado- que incluso ya están decidiendo exportar gas a Chile, lo que cuenta con la anuencia del Ministro de Energía y Minas, quien dijo anteayer en el Congreso que los mercados de destino lo deciden los privados. ¿Ah, sí? ¿Y dónde queda la controversia marítima y la relación con Bolivia? ¿Alguien escuchó la palabra intereses de Estado o Cancillería?

ALZA DEL PRECIO DEL GAS NATURAL Y EL CONTRATO DEL LOTE 88 (22 de enero de 2006)
La semana pasada el consorcio liderado por Pluspetrol subió en 48% el precio del gas de Camisea, lo que significa un rudo golpe a los industriales, que efectuaron inversiones para sustituir en sus fábricas petróleos residuales y diesel por gas natural, que es bastante más barato que esos dos productos. También afectará las iniciativas para que se cambien a gas natural los vehículos (tanto de transporte masivo como privados y taxis) y los usuarios residenciales (que usarían gas natural en lugar de GLP y electricidad).

Pluspetrol y los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas dicen que esta alza no hará que se pierda competitividad porque los precios del diesel y de los residuales también han subido, debido al alza del precio del petróleo en el mercado internacional. Esto es cierto, pero a la vez, es el origen del problema. Si el precio del gas va a subir de la mano con el petróleo, ¿adónde quedan las ventajas de tener nuestro propio gas en Camisea, que nos iba a independizar de esas alzas en el mercado internacional?

Ese es el quid de la cuestión. El petróleo ha subido debido a cambios estructurales que determinan que se acabó la era del petróleo y del gas natural barato. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el gas que está en la Selva del Cusco? ¿Acaso esa alza del precio es producto de un aumento de las inversiones de Pluspetrol? Pues no.

Además, y este es otro tema clave, ¿es que Pluspetrol puede vender este gas a algún cliente internacional en lugar de al mercado interno? No, porque no tiene gasoducto ni planta de licuefacción (que recién se va a desarrollar en otro proyecto, Camisea II, con el gas del Lote 56). Esto quiere decir que Pluspetrol tiene el monopolio del mercado de gas en Lima, pero, a la vez, es cautivo de ese mercado. No tiene opción alternativa.

Pluspetrol y el gobierno dicen que el alza está establecida en el contrato del 2001, que determina una cláusula de reajuste cuando sube el precio internacional de una canasta de petróleos residuales. Lo cual es cierto. Pero también es cierto que, desde el 2001 hasta hoy, los cambios estructurales han llevado a un alza desmesurada de los precios del petróleo que no guarda ninguna relación (recalcamos, ninguna) con sus costos de producción. Eso es lo que se llama una sobre-ganancia.

Justamente, son esos cambios estructurales en la naturaleza de los negocios los que autorizan a los Estados, de acuerdo a derecho, a solicitar la renegociación de los contratos si es que hay un perjuicio masivo al país y los consumidores. Lo que es el caso. Pero eso no lo quiere hacer este gobierno.

No solo eso, Camisea I se volvió viable por una serie de incentivos otorgados al consorcio, comenzando por el Decreto Legislativo 818 (de 1996), que permitió la recuperación anticipada del IGV, el pago de los aranceles hasta en 7 años y amplió de 4 a 8 años el período de arrastre de pérdidas, lo que significó una disminución en la recaudación de impuestos para la SUNAT, mejor dicho, para todos nosotros.

También todos los usuarios estamos co-financiando el gasoducto a través de un mayor pago en las tarifas eléctricas. Finalmente, se le otorgó a Pluspetrol una garantía de compra de un mínimo de gas natural (take or pay) para generación de energía eléctrica, lo que le aseguró una demanda inicial estable de gas.

Pero el consorcio solo ve sus propios intereses y el gobierno (que debería velar por los nuestros) se hace la vista gorda, como sucedió hace 6 meses cuando las denuncias de este diario alertaron al público de que Pluspetrol estaba exportando GLP a Chile más barato de lo que lo vendía en el Perú. Ahora, el consorcio ha decidido subir el precio del gas (que solo representa el 13% de su facturación, pues la “carne” son los líquidos que vende) porque sube el precio en el extranjero (alza en la cual Pluspetrol no es arte ni parte) y el gobierno lo “acompaña” alegremente.

Eso es inadmisible, por lo que se debe renegociar el contrato para cambiar las cláusulas de reajuste que permiten ganancias extraordinarias. No olvidemos que estos contratos han sido renegociados en numerosas oportunidades, siempre a pedido de las empresas privadas. En este caso, lo que corresponde es que sea el gobierno quien tome la iniciativa de pedir la renegociación.

Esta alza, de un lado, afecta la competitividad de los industriales peruanos y, de otro, obstaculiza la masificación del consumo del gas que, por ser 50% más barato que el GLP y las gasolinas, debiera significar un alivio para los padres de familia, taxistas y amas de casa.

Esta alza (que no va a ser la última) del precio de nuestro gas va a dificultar el cambio de la matriz energética de este país pobre, impidiendo que nos independicemos del petróleo caro importado. Hay que ponerle, ya, un freno a esta situación.