DOE RUN EN LA OROYA: NO A LA PRORROGA DEL PAMA (9 de Febrero de 2006)
La empresa Doe Run, que compró el complejo metalúrgico de La Oroya (privatizado en 1997), dice que tiene problemas económicos y financieros, por lo que no puede cumplir con el Plan de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA), pidiendo su prórroga hasta el 2011. La empresa ya ha logrado que, en tres oportunidades, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) modifique o postergue sus compromisos asumidos.

Hoy, Doe Run quiere postergar la construcción de la planta de ácido sulfúrico, por un valor de US$ 100 millones, para disminuir la contaminación de dióxido de azufre, que hace que los hijos de los mineros tengan mucho más plomo en la sangre que el límite permisible por la OMS. Esto ocasiona, posiblemente en forma irreversible, daños neurológicos y deficiencias de aprendizaje. Además la presencia de altos niveles de arsénico en suelo y aire representan un riesgo de cáncer para los residentes. Esta sola situación hubiera motivado que el gobierno de cualquier país que se respete rescinda el contrato de privatización con Doe Run por incumplimiento, al mismo tiempo que garantiza el funcionamiento de la mina (por tanto, los empleos) y la puesta en marcha del PAMA, mientras busca un nuevo socio estratégico para el Complejo.

Pero no. El gobierno y el MEM han priorizado los intereses de la empresa por encima de la salud de los niños. De su lado, Doe Run, consciente de las dudas del gobierno (y de la conducta más que dudosa de algunos funcionarios), ha aprovechado para poner de su lado a los trabajadores (bajo la amenaza de la pérdida de empleo), así como a otros funcionarios municipales y del gobierno regional.

La cosa no queda allí. Sucede que los "problemas económico-financieros" que evoca Doe Run tampoco son ciertos, como lo demuestran los estudios de Juan Aste (Grupo para la Promoción del Desarrollo de los Andes). En efecto, de 1998 al 2004, la empresa declara pérdidas por US$ 86,1 millones (casi no pagó impuestos tampoco). Sin embargo, en el mismo período, remesó a EEUU US$ 51 millones a los tenedores de bonos y US$ 71 millones a la Casa Matriz por "honorarios". Además: "Seis días después de comprar Metal Oroya, la flamante empresa le otorgó un préstamo en efectivo por US$ 125 millones a su accionista directo, Doe Run Mining", en lugar de invertir en sus operaciones o adelantar los proyectos de materia ambiental que se había comprometido a desarrollar" (El Comercio, Día 1, 30/01/2006). Hay más. Doe Run ha sido acotada por SUNAT por US$ 108 millones por haber utilizado el DS 120 94 EF (promulgado por Camet) para revaluar activos y luego volverlos a depreciar. Lo mismo hicieron diversas empresas eléctricas (Edelnor, Luz del Sur, Edegel) y la minera Barrick, lo que significó cerca de 2,000 millones de soles en impuestos no cobrados: la "farra fiscal al revés". Sigue. La SUNAT también ha acotado a Doe Run por crédito tributario relacionado con el IGV por US$ 43 millones (periodo 1999-2001), más US$ 20,1 millones por el 2002 y el 2003 (Informe 10 – Q a la Securities and Exchange Commission de EEUU, 31/07/05).

La situación es clara. Estamos frente a una empresa tramposa. Por tanto, el gobierno no debe aceptar el cambio en las reglas del juego, es decir, la prórroga del PAMA, y debe proceder a rescindir el contrato. No puede haber conciliación con quienes incumplen sus obligaciones económicas y ambientales, dañando la salud de los niños peruanos. ¿Son los niños de La Oroya ciudadanos de cuarta o quinta categoría?

METALES: PRECIOS EN LAS NUBES Y "SOBREGANANCIAS" MINERAS (28 de enero de 2006)
El cielo es el límite. Es lo que nos estaría diciendo el extraordinario “boom” de los precios de los minerales de los últimos días, continuando la carrera alcista que comenzó hace dos años. En estos momentos, el cobre está en US$2,22 la libra, lo que triplica el precio más bajo de los últimos 10 años: US$ 0,71/libra en 1999.

El oro está en US$ 559/onza, duplicando el precio más bajo de los últimos 10 años, que fue US$ 271 en el 2001. También el zinc está por las nubes, a US$ 1,03/libra, lo que triplica el precio más bajo de los últimos 10 años: US$ 0,35 en el 2002. Los precios seguirán altos mientras dure el auge de la economía mundial, impulsado, en gran medida, por la demanda china. Cuando llegue la desaceleración ó recesión, la disminución de la demanda hará que bajen los precios.

Por eso, es importante que los países productores, como el Perú, aprovechen al máximo esta coyuntura, guardando pan para mayo en las arcas fiscales. Eso nos permitirá tener una política contracíclica, gastando esos recursos cuando lleguen las vacas flacas.

Esto es perfectamente posible porque existe la renta minera, que es la diferencia entre el precio internacional y el costo de producción. En el Perú, las extraordinarias bondades de la geología nos convierten en una de las principales “provincias mineras” del mundo, a las que se suman los adelantos tecnológicos, así como la calidad de nuestros ingenieros, obreros y empleados.

Así, el “Costo cash” (también llamado C1, que incluye el Costo Mina, el Costo Planta, los Gastos Generales y de Venta, pero excluye la Depreciación y Amortización de los activos fijos) de las minas peruanas es uno de los más competitivos del mundo. En el caso de las 4 minas más grandes del país (ver cuadro), el C 1 ha sido siempre inferior al precio internacional, lo que arroja una importante renta diferencial (RD).

Ahora que los precios tocan el cielo, también lo hace la RD. Si en el 2006 los precios del cobre se mantuvieran en US$ 2,22/libra, la renta diferencial de Southern y Antamina aumentaría 10.3 y 5.6 veces con respecto a 1999. Ni más ni menos.

Para Barrick (Pierina) y Yanacocha, la RD aumentaría 1,8 y 2,4 veces. Este menor aumento no significa menor ganancia, ya que, en ambas minas, el “Costo Cash” siempre fue de los mejores del mundo y, por tanto, estaba lejos por debajo del precio internacional. El C 1 de Pierina de US$ 42/onza de 1999 fue todo un record, habiendo aumentado a US$ 130 en el 2005 porque la mina se está agotando.

Las empresas mineras, entonces, están obteniendo ganancias extraordinarias ó “sobreganancias”, debido a los inauditos precios internacionales. Por tanto, los países poseedores de los recursos mineros debieran beneficiarse de esta excepcional coyuntura, no solo con el impuesto a la renta (que aumentará por las mayores utilidades), sino con un impuesto a ese ingreso extraordinario.

Este impuesto no tiene nada de “subjetivo”, como han dicho algunos. Es tan objetivo y concreto como lo son las “sobreganancias” que ingresan a la contabilidad de las empresas. En estos tiempos en que los precios de los metales tocan el cielo, esta discusión debiera ser prioridad en la agenda electoral, al igual que las regalías mineras que no se están pagando. Volveremos sobre el tema.

CANON Y REGALIAS MINERAS: PARADOJAS DE LA POBREZA (3 de Enero de 2006)
Jorge Manco, economista, Universidad de San Marcos. (*)
(*) Columnista invitado.

En la presente coyuntura electoral se debe poner en cuestión el modelo de crecimiento económico liderado por el sector primario exportador, en especial de la minería, para hacerlo sustentable y sostenible en el largo plazo con el medio ambiente y el entorno social.

El ciclo de altos precios de los minerales debe terminar en el mediano plazo, de allí la necesidad de insistir en genuinas políticas de redistribución de la riqueza para prevenir mayores conflictos sociales. Esto puede ser posible ampliando la base de determinación del canon minero incorporando el abono de impuesto a la renta de los trabajadores de 4a. y 5a. categoría que prestan servicios en las empresas mineras, incluyendo a las empresas de servicios o "contratas", exigiendo el estricto pago de las regalías mineras a todas las empresas, y poniendo fin a los escudos fiscales que significan los llamados contratos de estabilidad tributaria medida que hasta el propio FMI recomendaba.

Se debe tener presente que una mina de cobre es rentable con precios internacionales de 90 centavos de dólar la libra y actualmente los precios del llamado "metal rojo" superan los 210 centavos. Igualmente, los precios del oro superan los 510 dólares la onza troy permitiendo ganancias extraordinarias que no necesariamente se manifiestan en mayores pagos del impuesto a la renta de tercera categoría realizados por las empresas a la Sunat, en razón de la depreciación acelerada, arrastre de pérdidas, amortización de intangibles y otras partidas contables que inflan los costos de producción.

Sirva de ejemplo la región Ancash donde dos importantes empresas como Antamina y Barrick Misquichilca, a setiembre del 2005, han generado ingresos del orden de US$ 1,167 y 309 millones, respectivamente, superando los ingresos del 2004 (ver infografía).

Sin embargo, los menguados montos por concepto de canon y regalías mineras distribuidos al mes de noviembre para la región Ancash apenas llegan a US$ 14 millones que tienen que invertirse en infraestructura, proyectos de inversión y gasto social. Por ello, si no fuera por el Fondo de Desarrollo para la región -financiado por la penalidad de US$ 111 millones pagada por Antamina en el 2001- la imagen de la actividad minera sería más cuestionada en términos sociales por la población local.

En verdad, resulta inmoral la producción de riqueza en medio de la pobreza creciente. Económicamente dicho modelo resulta inviable en el largo plazo. Por tanto no podemos desaprovechar esta oportunidad histórica de bonanza del sector exportador para convertir a la minería en una palanca de desarrollo regional articulándose con la agroindustria, el turismo, etc. Para ello, hay que incorporar el pago del impuesto a la renta de los más de 1,024 trabajadores mineros en la determinación del canon minero, como el de las empresas de servicios llamadas "contratistas" y exigir el estricto pago de las regalías mineras pues resulta absurdo que una región minera como Ancash perciba por concepto de regalías irrisorios 368 mil soles. ¡Después no lamentemos las protestas populares y el desborde social en las regiones!

EL ESCANDALO DE LA MINERA BARRICK Y SUS DEFENSORES EN EL ESTADO (26 de Marzo de 2005)
"El MEF debiera defender los ingresos de este Estado pobre, pero hace lo contrario"

Todo el problema con la minera canadiense Barrick se genera porque revaluó la concesión minera Pierina en US$ 468 millones, pero no invirtió en el Perú esa cantidad. Valiéndose de leyes cuestionadas, dictadas bajo Fujimori-Camet en 1994, procedió luego a depreciar esa revaluación, dejando de pagar impuestos a la renta por US$ 141 millones (que equivale al 30% de US$ 468 millones). Veamos el detalle. Cuando una empresa realiza una inversión, tiene el derecho de recuperar el dinero invertido. Por ejemplo, de 1996 a 1999, para desarrollar Pierina, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) contabilizó inversiones por US$ 316 millones en maquinaria, equipos, carreteras y obras civiles. En minería (no en la industria), la inversión se deprecia en solo 5 años y va como un costo al Estado de Ganancias y Pérdidas. Esto disminuye las utilidades operativas y, por tanto, los impuestos a pagar. Esto es lo normal: se deprecia lo que ha sido efectivamente invertido.

En 1996, al adquirir Pierina, Barrick hizo uso del cuestionado DS 120 94 EF, que permite revaluar los activos de la empresa que va a ser adquirida por otra y, luego, volver a depreciarlos, lo que reduce el pago de impuestos. Barrick absorbió por fusión a Acuarios (también de dueños canadienses), dueña original de Pierina, previa revaluación de sus reservas de oro, tasadas en US$ 468 millones. En 1998 se inicia la producción de Pierina, y Barrick comienza a depreciar esa cantidad, así como también los US$ 316 millones invertidos en desarrollar la mina. Pero, ¿es que Barrick Misquichilca invirtió en el Perú US$ 468 millones? La respuesta es contundente. No. Esos US$ 468 millones no constan en Conite, entidad que registra la inversión extranjera. Tampoco los contabiliza el BCR, ni las estadísticas del MEM. ¿Por qué? Porque nunca ingresaron al país. Barrick sí invirtió en Canadá una alta suma para comprar Pierina a Acuarios, pero no en el Perú.

Por tanto, no procede depreciar algo en que no invirtió. Es clarísimo. Sin embargo, la empresa y sus abogados, mediante argucias legales, insisten. Es tan jalado de los pelos el argumento, que el propio gerente de Barrick en Toronto dijo que una ley como la 26283 no podía existir, que “en el Perú estaban locos” (declaración del gerente de Barrick, Dont Peinnt ante la Comisión Herrera, 29/04/03). Lo sorprendente es que cuando la SUNAT plantea que este caso se lleve al Poder Judicial porque considera que le asisten razones para litigar y ganar, revocando el infame fallo del Tribunal Fiscal, el MEF se lo niega. El mundo al revés: los que debieran defender los ingresos de este Estado pobre hacen exactamente lo contrario.

Lo que está en juego es el cumplimiento de reglas de juego que otorguen una estabilidad de largo plazo a las inversiones mineras. Cuando éstas las rompen, la gente protesta con toda razón. El canon para las regiones mineras es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas. Si Barrick no paga US$ 141 millones, Ancash deja de recibir US$ 70.5 millones. Eso es muchísima plata para una Región pobre. Lo que ha hecho Barrick (a través de sus abogados peruanos) es usar leyes tramposas del fujimorismo que van más allá de toda lógica empresarial. A tanto llegaba la sangría fiscal, que el régimen tuvo que derogar, en 1998, la Ley 26283 y el DS 120 94 EF. Pero para las empresas que tienen contrato de estabilidad tributaria (Barrick, entre otras), estas son “leyes” vigentes.

Si las autoridades y la opinión pública de Canadá supieran que Barrick no quiere pagar impuestos a un país pobre, haciendo uso de “leyes” que le permiten depreciar una inversión jamás realizada, seguramente la sancionarían. En el Perú, Barrick debe pagar los impuestos de ley. Ni un centavo más, pero tampoco US$ 141 millones de menos.