Dicen las petroleras de la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia: “Esperamos que el proceso de nacionalización ocurra sin llegar a una expropiación que pudiera perturbar el desarrollo anticipado de la industria. Manifestamos nuestra mayor colaboración para que el proceso de cambios se desarrolle sin inconvenientes para el gobierno, sin traumas para los consumidores y los mercados externos y con el mayor consenso posible entre los representantes del Estado y las empresas privadas” (23/03/2006).

La “nacionalización sin expropiación” de la Ley 3058 del 2005 revoca explícitamente los contratos-ley de 1996 y plantea que los hidrocarburos son de propiedad del Estado, tanto cuando están bajo tierra (“in situ”), como cuando son extraídos (en boca de pozo). Esto quiere decir que ahora la estatal YPFB (equivalente a Petroperú) decidirá sobre su uso, ya sea en el mercado interno o externo. Las empresas extranjeras que migren a algunas de las modalidades de contratos previstos en la Ley 3058, no serán expropiadas.

El gobierno ha dicho que no está en contra de la inversión extranjera, pero que ésta deberá subordinarse a los objetivos de Bolivia: el gas deberá satisfacer primero el consumo interno (conexiones domésticas, gas para vehículos) y su industrialización (petroquímica, conversión del gas a líquidos). La ampliación de las exportaciones (que ya se realizan a Brasil y Argentina) también será impulsada.

Los cambios han aumentado de manera significativa los ingresos fiscales, pues ahora los impuestos y/ó regalías pasan del 18 al 50%, tasa que rigió hasta 1996. Así, el nuevo Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) recaudó US$ 320 millones el 2005. Según el FMI, los ingresos petroleros aumentaron de 3,4 a 5,4% del PBI en el 2005, lo que redujo el déficit fiscal de -5,2 a -3,5% del PBI (Informe 05/393) y permitió que la inversión en infraestructura llegue a 6,7% del PBI (en Perú no llegamos ni al 3%). Dice el FMI que en el 2006 los ingresos petroleros aumentarán a 6,7% del PBI y el déficit fiscal bajará a -3,0% del PBI.

Este proceso no ha “ahuyentado” al capital extranjero. Petrobrás ha anunciado inversiones futuras por un total de US$ 5,000 millones y Repsol “analiza construir un gasoducto en el centro de Bolivia y una planta de procesamiento de gas (ambas por US$ 150 millones), así como una planta de fabricación de úrea. Según conversaciones preliminares, YPFB y Repsol serán socias en esas iniciativas, en el marco del nuevo rol de YPFB en el sector” (La Razón, La Paz, 24/03/2006).

La aceptación de las petroleras (Repsol, Petrobrás, Total, British Gas, entre otras) demuestra que sí es posible recuperar la renta de los recursos naturales para ponerlos al servicio del país, cuando existe voluntad política, apoyada en la movilización ciudadana. Y también que los planteamientos neoliberales sobre la inexistencia de intereses estratégicos y la desaparición de las empresas públicas, “ya fueron”.

Bolivia es un ejemplo a seguir, sobretodo cuando en el Perú las empresas mineras no aceptan pagar las regalías, invocando la estabilidad tributaria. Además, en esta coyuntura de altos precios internacionales, el gobierno se niega a un impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras.

Para ya no hablar del gas y de los líquidos de Camisea, donde la propiedad de los inversionistas en boca de pozo es total, haciendo lo que les da la gana con nuestros hidrocarburos, cobrándonos precios internacionales y decidiendo exportar el gas, aún a costa del desabastecimiento de nuestro mercado interno. Todo lo cual es permitido por este gobierno, con Toledo y PPK a la cabeza. Lo que no debe continuar.