¿LO ESTRATEGICO ES UNA ESTUPIDEZ? (26 de Marzo de 2006)
A medida que disminuye el apoyo de la población a la candidatura de derecha –así como a sus propuestas económicas continuistas- aumenta el pánico de los beneficiarios del actual contrato económico y social. Esto se expresa en la estridencia con la cual se caracteriza como “cuco” a toda propuesta alternativa.

Se afirma que “todo lo estratégico es una estupidez”, tratando de desprestigiar así las propuestas sobre el nuevo rol que deben cumplir el Estado y las empresas públicas. Con la globalización, dicen, ya no habría, de un lado, intereses estratégicos de los Estados pues ahora primaría la interdependencia económica y, de otro, las empresas públicas serían obsoletas, motivo por el cual debe mantenerse la subsidiariedad del Estado de la Constitución de 1993.

Estúpida sería, entonces, la política de EEUU de priorizar como estratégicas, por ejemplo, a las industrias aeronáuticas y espaciales. Esto se materializa en los masivos presupuestos del Pentágono y de la NASA, que sirven para potenciar industrias como Boeing y Lockheed. De su lado, los europeos subsidian al Airbus, que compite exitosamente con EEUU en la industria aeronáutica.

También en EEUU la actividad portuaria es estratégica, reservando todo el cabotaje doméstico para sus empresas. Recientemente, Francia y España han prohibido la compra de sus empresas energéticas por capitales italianos y alemanes, pues se necesitan empresas nacionales “campeonas” en ese sector estratégico.

En América Latina, para Brasil es estratégica la industria aeronáutica y de computación, otorgándoles apoyo estatal. En Chile, es estratégico el megapuerto de Mejillones (la salida al Asia), contribuyendo el gobierno con US$ 20 millones a su financiamiento.

Hace 10 años el gobierno de Brasil le encomendó a Petrobrás la independencia energética, lo que se consiguió pues la estatal duplicó su producción. En Colombia, el gobierno promovió la masificación del consumo de gas natural a través de ECOPETROL, con lo que los usuarios domésticos pasaron de 500,000 a 3,5 millones de 1993 al 2003.

En Chile, que importa el 90% del petróleo que consume, el gobierno le encargó a ENAP buscar petróleo en el extranjero. Hoy esta empresa produce 25,000 barriles diarios en Ecuador y Yemen. La estatal chilena CODELCO, la primera empresa cuprífera del mundo provee estabilidad macroeconómica: en el 2004 tuvo ventas por US$ 8,400 millones(de los cuales el 10% va a las FFAA) y generó ingresos tributarios por US$ 3,000 millones.

Pero en el Perú serían estúpidos los intereses estratégicos. No sería necesario pensar en el largo plazo (integración regional y sudamericana, salida al Sudeste asiático, independencia energética) y potenciar empresas públicas como Petroperú y ENAPU. El Estado debería continuar privatizado, lo que desemboca en su escasa capacidad de recaudación tributaria (solo 13,9% del PBI, muy por debajo del promedio de 17% en la Región), de inversión en infraestructura y de fiscalización (roturas del ducto Camisea).

Para cambiar, hay que cuestionar el actual contrato económico. Pero los neoliberales se oponen, en nombre del statu quo de privilegios para unos pocos (“no cambiar nada para que nada cambie”) lo que, hoy, cuestiona el electorado, poniéndoles al borde de la desesperación. Se impone, entonces, poner en marcha una nueva relación entre el rol del mercado y del Estado -dejando de lado el dogma neoliberal pro-mercado que hasta ahora rige- poniendo el péndulo al medio, como lo hacen todos los Estados del mundo.

Vistas así las cosas, es probable que lo estúpido sea pensar que no existen sectores ni empresas estratégicas.

¿EL NUEVO SENTIDO COMUN HA LLEGADO PARA QUEDARSE? (23 de Marzo de 2006)
Es moneda corriente afirmar que, desde hace varios años, un nuevo sentido común económico recorre América Latina. Este se basa en la constatación ciudadana (mejor sería decir de los 200 millones de pobres de la Región) de que el modelo económico que privilegió al "libre mercado" solo trajo beneficios para un pequeño sector, acentuando la pobreza y la desigualdad de las mayorías.

Por eso, en casi toda la Región estas apoyan a los partidos políticos que se identifican con este nuevo sentido común, lo que se verifica en las elecciones: tenemos a Lula, Kirchner, Tabaré Vázquez, Evo Morales, Hugo Chávez y, quizá, a López Obrador en México. El sentido común neoliberal del Consenso de Washington, ya fue.

Lo que también se constata es que estos gobiernos "no son una sola cosa" y que existen amplias diferencias entre ellos (ya sea en los regímenes políticos, como en las políticas económicas que han implementado). Pero el denominador común es que todos llegan al poder por el rechazo al neoliberalismo.

Por tanto, no debería asombrar en absoluto que esto también suceda aquí. Sin embargo, hasta hace unos meses, muchos analistas y políticos consideraban que los 50 meses de crecimiento económico habrían producido un divorcio entre la economía y la política. Por eso, nos "saltaríamos a la garrocha" ese nuevo sentido común. Incluso se dijo, por ejemplo, que la elección de Evo Morales en nada influenciaría a las elecciones peruanas.

Esto se tradujo en la defensa cerrada del andamiaje económico fujimorista: los contratos ley, los "incentivos" y "manitos" (PPK) al sector primario minero, petrolero y de gas, las altas tarifas de los servicios públicos, las exoneraciones tributarias al sector financiero (no hay impuestos a las ganancias en la Bolsa de Valores), los bajos sueldos de los trabajadores, las leoninas comisiones de los bancos y AFPs, el machete a las empresas públicas (pero estamos inundados de estatales extranjeras, como ENAP de Chile, que con Romero/Woodman ahora controlan el mercado de combustibles).

Cada vez que había una propuesta de cambio, de inmediato se ponían en marcha los "lobbies" para tildarla de "populista e irresponsable pues cambiaba las reglas de juego y ahuyentaba a los inversionistas". Bueno, pues, allí están las consecuencias. Al cortar todo espacio para cambios graduales, ¿por qué no esperar cambios más integrales?

Pero lo peor es que la clase política tradicional –y buena parte de los empresarios- no hace autocrítica alguna: ¿cuál es su responsabilidad frente a este sentimiento del electorado, no solo en lo económico, sino en su rechazo a este sistema antiético, inmoral y corrupto? ¿Por qué estos 50 meses de crecimiento no gestaron un apoyo mayoritario del pueblo al programa económico? Algo malo tendría el modelo, ¿no es cierto?

Nada de eso. Hoy se le echa la culpa al "voto irreflexivo" y a la "poca educación". Son "los otros", las "grandes mayorías" quienes no saben "lo bueno que es el modelo económico y lo bien que le está yendo al Perú". A lo que habría que responder: Oiga, un momentito, el problema es que el modelo neoliberal excluyente desemboca en dos Perú, que hoy se están dando la espalda.

Pero como eso no se quiere ver, ahora se crean nuevos "miedos" para que no se cuestione el orden existente, lo que pueden traducirse así: "nuestros privilegios no se deben tocar, por lo que nada debe cambiar para que nada cambie". Aunque aquí la población hace tiempo que quiere cambio, lo que hace que, quizá, ese nuevo sentido común se esté convirtiendo en acción común.

BANCO MUNDIAL: ¿MAS VALE TARDE QUE NUNCA? (21 de Marzo de 2006)
Durante muchos años, el lema central del Banco Mundial ha sido: "Por un mundo donde no haya pobres". Este enfoque surgió a fines de los 80 y se consolidó en 1990 en su Informe Anual sobre el Desarrollo Mundial titulado ‘La Pobreza’. Luego, el BM impulsó una serie de programas contra la pobreza, siendo uno de los más importantes el ‘Programa de Estrategia de Reducción de la Pobreza’ (PRSP, por sus siglas en inglés). El objetivo era loable, por cierto, pero la premisa era falsa. Planteaba que la apertura y liberalización de los mercados, así como las privatizaciones eran las bases fundamentales del crecimiento. Le llamaron "ajuste o reforma estructural".

En los 90, el BM priorizó su apoyo a las "reformas" (con el 30 a 40% del total de sus préstamos), reduciendo los préstamos "desarrollistas" basados en obras de infraestructura fundamentalmente (carreteras, saneamiento, puentes, represas), así como en recursos humanos. Era la "época gloriosa" del Consenso de Washington.

El enfoque de los 90 planteaba que las reformas iban a tardar un tiempo en consolidarse (se hablaba de 3 a 5 años). Mientras, había que diseñar programas de compensación a los pobres, que iban a ser los más perjudicados. De hecho, después del shock fujimorista de 1990 se creó el Fondo de Compensación y Desarrollo Social (Foncodes) con el objetivo explícito de aliviar a los pobres (más adelante se convirtió en un Fondo de Inversión Social, si bien conservó su nombre original).

Se planteaba que la concentración de los ingresos en los sectores empresariales y de ingresos altos era inevitable, en un primer momento. Pero poco a poco, las nuevas inversiones, guiadas por la mano invisible del mercado, se dirigirían a aquellos sectores donde los países tenían ventajas comparativas, sin las distorsiones causadas por el "intervencionismo estatal". Más temprano que tarde, estas inversiones "chorrearían" ("trickle down") empleos e ingresos a la población pobre, propiciando un crecimiento "sano". Y todos vivirían felices, comiendo perdices.

Esta premisa falsa dejó de lado, por ejemplo, las enseñanzas de las políticas económicas del Sudeste Asiático, que consistieron en relaciones entre Estado y mercado que se dirigieron a la sustitución de exportaciones a la vez que dinamizaban el mercado interno. Se pusieron en marcha políticas sectoriales (orientadas a la industria y la agricultura), así como medidas específicas (banca de fomento, créditos, entre otras) que no tenían nada que ver con una creencia dogmática en el libre mercado.

El BM reconoció estas virtudes en 1993, cuando publicó ‘El milagro del Este Asiático’. Pero todo quedó en el papel, pues la orientación general de la política del BM (incluidos sus préstamos) no siguió el mismo camino. Y su lema quedó en eso: un lema. Desde mediados de los 90, el BM plantea una autocrítica importante: afirma que las reformas económicas "puras" (de primera generación) no bastan. Hay que introducir reformas de "segunda generación" ("institucionales") para el mejor funcionamiento de los mercados: lucha contra la corrupción, descentralización, reforma del Poder Judicial, entre otras. Pero este enfoque no critica las reformas de primera. Solo dice: para que estas funcionen, hay que implementar las de segunda. Hoy, el BM viene con un "nuevo" enfoque, seguramente debido al hundimiento generalizado del neoliberalismo. Dice que el crecimiento no basta para aliviar la pobreza y que se necesitan políticas sectoriales para crear empleo (vaya, al fin), así como un crecimiento "pro-pobre" y no solo "crecimiento", como hace 15 años.

Pero habrá que esperar que este discurso se traslade a la orientación e implementación de los préstamos que otorga. Es decir, que cambie la "condicionalidad" que, hasta hoy, mantiene la misma orientación pro-mercado que en 1990. Ese es el quid de la cuestión. Dicho esto, si el BM trata de poner el péndulo económico al medio, bajándolo de la extrema derecha neoliberal, se podrá decir: más vale tarde que nunca.

EL ABANDONO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL ESTADO (28 de Febrero de 2006)
Si hay algo que caracteriza al fin del régimen toledista es el abandono de las responsabilidades del Estado en materia económica y tributaria. Para comenzar, hay pocos avances para incrementar la presión tributaria a 18% del PBI. El aumento de los últimos años se debe a la buena coyuntura económica internacional (altos precios de los minerales) y a los esfuerzos de la Sunat.

El gobierno ha rehusado eliminar las exoneraciones tributarias al capital financiero (IGV de los seguros de vida, ganancias de capital en la Bolsa de Valores, Impuesto a la Renta a los tenedores de bonos, etc.), a pesar de que desde el 2003 cuenta con estudios que así lo recomiendan.

También se alineó claramente con las empresas eléctricas en el caso del ilegal DS 120-94-EF (que permitió la revaluación de activos y su doble depreciación, lo que dio lugar al no pago de impuesto a la renta por más de S/. 1,500 millones), pues no apeló el fallo del Tribunal Arbitral. En el caso de Barrick, el MEF (a cargo entonces de PPK) impidió que Sunat litigue en el Poder Judicial una acotación (también por el mencionado DS) por la revaluación de la mina Pierina, que la Sunat estimó en US$ 140 millones no recaudados de IR, de los cuales el 50% son el canon para la Región Áncash.

Tampoco ha cobrado regalías mineras –aprobada por el Congreso a mediados del 2004– a pesar de que el Tribunal Constitucional estableció que la regalía no es un tributo sino una contraprestación, por lo cual las empresas no están protegidas por la estabilidad tributaria. Hoy, pese al alto precio de los minerales, no pagan regalías Antamina, Yanacocha, Cerro Verde, Pierina y Doe Run.

El gobierno dice que es casi un delito renegociar los “contratos ley”, pero esto sucede a solicitud de las empresas (Dos tercios de estos contratos han sido renegociados, según Sunat). La modificación más reciente fue la del Lote 88 (para exportar gas, desabasteciendo al mercado interno) y quizá se modifique el “contrato ley” para la ampliación del PAMA de Doe Run en La Oroya.

También está el reciente pedido del viceministro de Energía, Juan Miguel Cayo (Gestión, 24/02/2006) , de modificar los contratos petroleros para hacerlos perpetuos, regresando a la época de las concesiones, donde la propiedad “in situ” de las reservas no es del Estado sino de la empresa privada. Parece que en Energía y Minas la política la hace el viceministro, que fue asesor de Víctor Joy Way (1998 -1999).

Tampoco el Estado ha cobrado los ingresos pendientes de la privatización, (entre ellos Sider Perú y los hoteles del Estado). Eso demuestra el sesgo total y consciente, a favor del interés empresarial y avala el “argumento” cínico de Cecilia Blume, jefa de asesores de la PCM, quien afirma que “el Estado, al no ser una persona natural, tiende a no ser cuidadoso”. (El Comercio 25/2/2006).

Tampoco le ha interesado el repotenciamiento de las empresas públicas. Como no pudo privatizar lo que quedaba (debido al ‘Arequipazo’ del 2002) se dedicó, con múltiples estratagemas, a bloquear toda posibilidad de ampliación y modernización. Eso pasó con Marca II de Sedapal, con la refinería de Talara, la construcción de la II Fase de la hidroeléctrica de Machu Picchu y la compra de las grúas pórtico por Enapu. Pero sí florecen en el país las empresas públicas extranjeras, lo que, de un lado, demuestra el dogma y, de otro, nos rezaga en materia estratégica y geopolítica, lo que es más dañino.

Como la recaudación es baja, el gobierno “ajusta” el presupuesto reduciendo la inversión pública, que está en sus niveles más bajos de los últimos años. Esto no solo va contra la competitividad, sino que acentúa las desigualdades, ya de por sí enormes.

Esto es una ‘farra fiscal al revés’: el Estado ha sido tomado por intereses privados, por lo que no interesa que paguen impuestos los que más tienen. Con el fujimorismo, el péndulo económico se fue al extremo neoliberal. Y allí sigue todavía, a pesar que el sentido común es otro hasta en los organismos multilaterales y en toda América Latina. Por eso, es imperativo poner el péndulo al centro, de una buena vez, porque la presión se sigue acumulando.

LA REFORMA AGRARIA, ¿ES COSA DEL PASADO? (26 de Febrero de 2006)
A muchos les puede sorprender que la FAO haya convocado para marzo de este año una Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. ¿Acaso las reformas agrarias no eran cosa del pasado? Puede también parecer sorprendente que, entre las organizaciones multilaterales, sean el Banco Mundial y la propia FAO instituciones insospechables de “izquierdismos trasnochados”, las que están a la vanguardia del tema.

¿Qué ha ocurrido? Esta nota no tiene espacio para dar una respuesta extensa. De manera muy resumida se puede afirmar que hay tres razones: desde los años 90, en muchos países de Asia (Indonesia, Filipinas, para mencionar algunos), África (Sud África, Zimbabwe) y América Latina (Brasil, Bolivia, Guatemala, Colombia) la reforma agraria (RA) es vista como una manera de resolver conflictos sociales aplicando una justicia redistributiva. Segundo, la necesidad de redistribuir las tierras del Estado luego del colapso del régimen socialista en Europa oriental. Finalmente, el fracaso del neoliberalismo para reducir la pobreza rural.

Estos temas fueron discutidos del 20 al 22 de febrero por especialistas de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela convocados por CEPES. Fue una primera oportunidad de hacer un balance sobre las RA de los años 60 y 70. Se constató que los resultados han sido variados: sin RA y remoción de las relaciones precapitalistas, los países no hubieran podido lograr (en la medida que lo han hecho) el desarrollo de una agricultura moderna y competitiva a nivel internacional; tampoco hubieran podido avanzar en la descentralización del Estado y la formación de gobiernos locales; ni hubiera sido posible la incorporación de millones de pobladores adultos a la condición de ciudadanos.

La principal limitación es que las RA no lograron sacar de la pobreza a una alta proporción de los que ya eran pobres antes. Finalmente, bolivianos, colombianos, venezolanos y ecuatorianos sostuvieron que en sus países no se habían concluido los procesos de RA, pero que esta no podía limitarse a la redistribución de tierras, sino que debía complementarse con políticas muy activas que permitan la viabilidad socio económica de la pequeña agricultura.

Los riesgos y ventajas de los TLC también fueron materia de análisis. La experiencia chilena mostró las ventajas de los acuerdos bilaterales para ese país. Una de las razones de su éxito es que antes de suscribirlos, hubo acuerdos internos previos gracias a largos y transparentes procesos de concertación entre el Estado y el sector privado. En cambio, la discusión de los casos de Perú, Ecuador y Colombia subrayó más bien los riesgos que estos acuerdos bilaterales tendrían para la pequeña agricultura, mayoritaria en los tres países, y la preferencia más bien a lograr acuerdos multilaterales en el seno de la OMC.

El debate sobre la situación de comunidades campesinas y nativas y sus derechos sobre los recursos naturales condujo al análisis de las diferencias entre tierra y territorio, suponiendo este último no solo derechos económicos sobre la superficie, sino también sobre el subsuelo, y un nivel de autonomía en el gobierno del territorio. Los conflictos entre empresas extractivas, sobre todo mineras, y las poblaciones rurales merecieron atención especial.

También surgieron interrogantes sobre el surgimiento y ampliación de movimientos sociales indígenas muy fuertes en Ecuador y Bolivia, y menos, pero en evolución, en los demás países. Una propuesta explicativa es que, a través de complejos procesos que se manifiestan sobre todo en el plano de las identidades culturales, los campesinos han encontrado que es proclamándose indígenas que tienen mejores condiciones para lograr sus objetivos y reivindicaciones (y hacerse socialmente visibles). Lejos de ser un intento de volver al pasado, el nuevo indigenismo sería una manera de abrirse espacios en el marco de un proceso de globalización que los pone en la primera fila de los excluidos.